Derecho Patrio Chileno.-a

 

Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig;Katherine Alejandra Del Carmen  Lafoy Guzmán

Introducción.

Nuestra emancipación de España nos llevó en lo político desde un régimen monárquico absoluto a una república representativa.

Los Padres de la Independencia comprendieron desde el primer instante que, junto con sentar las bases fundamentales de la naciente república, era preciso dotarla de los códigos que fueren necesarios para el resguardo de sus nuevas instituciones jurídicas.

Proyectos de código civil.

1).-El primer intento en este sentido puede decirse que se encuentra en el Proyecto de Constitución Política de 1811 elaborado por don Juan Egaña. El art. 21, de su Apéndice, establecía un engorroso procedimiento para llegar a formar lo que llamaba la "legislación de la república" y agregaba que mientras esto no se cumpliera regirían "las leyes corrientes en los puntos que no se opongan a la Constitución o a las leyes y reglamentos del gobierno, censura y juntas".

 Recordemos al pasar, respecto de este último asunto, que la Constitución de 1818 también dispuso que mientras no se reuniera el Congreso, se juzgarían todas las causas por "las leyes, cédulas y pragmáticas que hasta aquí han regido, a excepción de las que pugnan con el actual sistema liberal de gobierno"

Entre las recomendaciones que el 23 de julio de 1822 formulaba O'Higgins a la Convención Preparatoria que crearía una Corte de Representantes, se leía:

 "Sabéis cuán necesaria es la reforma de las leyes; ojalá se adoptasen los cinco códigos célebres tan dignos de la sabiduría de estos últimos tiempos y que ponen en claro la barbarie de los anteriores. Bórrense para siempre instituciones montadas bajo un plan colonial; destiérrese la ignorancia; prócedase con actividad y se allanarán todos los obstáculos"

Contrastando con esta altiva e inoperante sugestión de querer trasplantar simplemente a nuestra patria los códigos de Francia, don José Alejo Eyzaguirre presentaba, en 1823 al Congreso Constituyente, una moción más factible, destinada a "registrar las fuentes en que están dispersas las disposiciones legales vigentes y reducirlas a un Código Legislativo". Su orden sería alfabético o bien dividido en libros, títulos y leyes que pudieran agregarse por vía de suplemento a alguno de los códigos que regían.

El 2 de julio de 1825, el Director Supremo, don Ramón Freire, dictaba un decreto, modesto, y muy similar a la indicación precedente, ordenando a la Corte Suprema "compilar en un código nacional todas las disposiciones dadas desde el principio de nuestra gloriosa revolución"

Por su parte don Santiago Muñoz Bezanilla, en un audaz intento, presentaba al Congreso, en 1826, un proyecto para que "se nombraran por el poder ejecutivo cinco letrados de los de más experiencia y conocimientos que, en el preciso y perentorio término de dos años, reformen todo el Código Civil y Criminal, reduciéndolo a un solo volumen y simplificando la tramitación forense, hasta el extremo de reducirla a muy pocas ritualidades"

Del mismo modo, en el proyecto de Constitución Federal del citado año 1826, se creaba una comisión que debería presentar a la Legislatura Nacional, un proyecto de legislación civil y criminal.

Y se invoca aún la existencia de una ley del año 1828, que habría recaído en la moción a la Cámara, de 27 de marzo del mismo año, del diputado don Francisco R. Vicuña, que ofrecía una gratificación al que redactara un Código Civil.

Pero todos estos esfuerzos resultaban estériles en cuanto a su más anhelada finalidad: la codificación del derecho común. Las Constituciones referidas o habían tenido efímera existencia o ni siquiera lograban la sanción popular. Los proyectos de los señores Eyzaguirre y Muñoz no quedaban convertidos en ley. La Corte Suprema, por la atención de sus labores preferentes, no podía avocarse al estudio de la recopilación decretada. Y ningún letrado, que se sepa, atrevíase a emprender sólo la magna obra, a pesar del estímulo ofrecido.

Legislación chilena antes de codificación civil chilena.

De suerte que cumplido el segundo decenio de nuestra emancipación, el orden jurídico nacional presentaba el siguiente cuadro.

Por una parte regían todas aquellas disposiciones legales nacidas con la República y publicadas sucesivamente en la "Aurora", el "Monitor Araucano", la "Gaceta del Gobierno", la "Gaceta Ministerial" y el "Boletín de las Leyes".

Por la otra, continuaba subsistiendo, con todo su vigor, el derecho español, en todas aquellas materias compatibles con las nuevas instituciones.

 Y este derecho peninsular estaba a su vez formado, según el orden establecido para su aplicación, por las Reales Cédulas y los Autos Acordados de la Real Audiencia dictados en su oportunidad, para el gobierno de esta apartada colonia y, más general, por la Recopilación de Indias, dada en 1680 para dirigir todos los dominios en América; por la Novísima Recopilación, formada sin orden ni método en 1805; por las leyes del Estilo, conteniendo la jurisprudencia para la aplicación del Fuero Real; por el citado Fuero Real, confuso y anacrónico y que databa del año 1255; por el Fuero juzgo, inteligente si se quiere en su plan, pero que poseía penas bárbaras e inhumanas como que se remontaba a la primera mitad del siglo VII; y por las Siete Partidas, terminadas en 1263 y que, no obstante ser el más sabio de estos códigos, no estaba exento de errores y contradicciones, y de definiciones y preámbulos inútiles.

Digamos también que contribuía a oscurecer aún más la comprensión de todo este fárrago legal, el castellano arcaico en que estaban concebidos muchos de ellos en razón de su antigüedad.

Y este mismo orden seguiría imperando, con escasas modificaciones, dentro del derecho común, hasta entrar en vigencia en 1857 nuestro Código Civil.

Andres Bello

Autor del código civil.

Don Andrés Bello había llegado a Chile procedente de Londres, en junio de 1829, invitado por nuestro Gobierno. Pocos hombres de su época podían exhibir una cultura tan extraordinaria como la de este ilustre caraqueño, nacido el 29 de noviembre de 1781. En efecto, y por lo que interesa a nuestro estudio, recordemos que se sabe de él que ya a los 18 años de edad, se absorbía en la lectura de las leyes de Partidas; más tarde en Londres, a donde viajara en 1810 y permanecía hasta su venida a nuestra patria, adquiría una versación profunda del derecho romano y del español, mediante la enseñanza memorizada que hacía de estas legislaciones, estudiaba las instituciones de Inglaterra y los tratadistas franceses y conocía la influencia renovadora de los últimos códigos dictados en Europa. A lo que se sumaba un dominio completo de las lenguas antiguas y modernas principales y su literatura.

Mensaje del proyecto de ley de codificación.

No sería de extrañar entonces que los consejos del sabio benemérito y el valioso auxilio esperado de él, decidieran al Supremo Gobierno a renovar los propósitos de la codificación. En el Mensaje que con este objeto se remitía al Senado con fecha 8 de julio de 1813 y que firmaban los señores Fernando Errázuriz, Vice-Presidente de la República y Manuel Carvallo, Pro-Secretario del Interior, se decía en algunos pasajes: 

"Posiblemente no se hará verosímil en la posteridad, que hayamos conservado por 21 años no solamente las leyes que rigen en Castilla sino también las coloniales, dirigiendo nuestras administraciones políticas, fiscales y civiles por unos códigos que reconcentran en el monarca toda la omnipotencia humana.

¿Quién podrá leer sin asombro unas constituciones que establecen tantas garantías políticas y judiciales mandadas ejecutar por el ministerio de unas leyes que las reprueban o desconocen?

 ¿Tantas costumbres, tantos usos, tantos principios para dirigir el orden civil según las nuevas instituciones y las luces y moralidad del siglo, con unas leyes de los siglos XII y XIII donde se probaban los hechos judiciales por los juicios de Dios, y se decidían por duelos en campo cerrado?"

Terminaba el Mensaje diciendo que había creído oportuno encargar el proyecto de los códigos a una persona de la sabiduría y expedición conveniente.

Pero esta feliz iniciativa renovada ahora en tan halagadoras circunstancias, en razón de la paz interna que por primera vez gozaba la Nación, encontraría su principal escollo en el diferente criterio con que nuestros juristas apreciaban el significado de la codificación.

En efecto, una corriente impugnaba todo cambio que no se fundara en la simple adaptación de los códigos españoles vigentes, a nuestras instituciones republicanas.

La otra, propiciaba una reforma total que daría cabida junto a las instituciones del derecho monárquico, que merecieren subsistir por su sabiduría, a los códigos de más reciente data, y sin olvidar tampoco la fuente inspiratoria de todo el orden jurídico, el derecho romano, que debería traerse a la obra en su forma más pura y directa. 

El Senado quiso saber el pensamiento del Ejecutivo en la materia y con fecha 27 de julio de 1831 le dirigía un oficio solicitándole que le indicara "el modo y forma en que piensa encargar la obra".

 Este contestaba pocos días después que "no ha pensado el Gobierno ni sería asequible que los códigos de legislación que deben trabajarse, se redujesen a una compilación de las leyes actuales de Castilla e Indias" y agregaba que, para cumplir los fines previstos, encargaría al comisionado "que acomode sus proyectos a los códigos que rigen en los pueblos más ilustrados de Europa".

Aprobado en esa Alta Rama del Congreso, en la forma propuesta, el proyecto de codificación y la designación de un comisionado para efectuarla y enviado a la Cámara de Diputados, se levanta aquí la voz airada de su Presidente, el viejo patriota don Gabriel José de Tocornal, para reprobar, en un extenso informe de minoría de su Comisión de Legislación, "que no se quiere reformar, sino formar de nuevo los códigos legislativos". Manifestaba en algunos de sus acápites:

 "Parece lo más acertado formar un código de todos los que tenemos, llevando siempre a la vista las leyes y decretos que se han publicado desde nuestra emancipación política".

 "No aprobaré el que se trate de aclimatar en nuestra República los códigos de otras Naciones con quienes no hemos tenido aquellas relaciones anticipadas que uniforman religión, usos, costumbres y lenguajes".

 "Mejor será reformar el Código de Partidas, quitando preámbulos, sentencias de la Escritura y de los P. P., las etimologías, los símiles y los errores de física e historia natural imprescindibles en su siglo" y "si se quiere podrán ponerse en el idioma usual, bien que el antiguo en que están redactadas es venerable por su origen, por su pureza y gravedad".

A estas palabras impregnadas de tradicionalismo respondía la mayoría de esa Comisión, partidaria de una reforma amplia conforme al sentido que dejábamos anotado, diciendo en un informe que firmaban los Diputados don Manuel Carvallo y don Antonio Jacobo Vial. "Ignoramos por qué se cree prematura nuestra empresa, siendo casi imposible que marchen las actuales instituciones políticas y judiciales con un Código no solamente monárquico sino que reúne todos los poderes", y "el proyecto de redactar las Partidas conservando su mismo estilo, no podemos dejar de atribuirlo a un amor loable pero exaltado de la antigüedad".

Pero pasarían tres años antes de que la Cámara se decidiera a dictar un pronunciamiento en tan importante y urgente asunto. A fin de provocarlo, el Diputado don Manuel Camilo Vial, creyendo interpretar el pensamiento dominante, presentaba en 1833 un contraproyecto más moderado y circunscrito únicamente a la codificación del derecho civil. Consistía en "compilar las leyes existentes en los Códigos que rigen vertiendo solamente la parte dispositiva de ellos en un lenguaje sencillo y conciso; añadiendo para suplir lo que en ellas falte las reglas que suministren los glosadores y tratadistas más acreditados, y citando al fin de cada artículo la fuente de donde hubiesen sido tomadas" (art. 4°). Esta tarea la efectuaría una comisión nombrada por el Gobierno, la que, con aprobación de éste, distribuiría entre sus miembros los libros y títulos del código que deberían recopilar (arts. 1° y 2°) y, una vez concluído, sería pasado por el Gobierno, para su sanción, al Congreso, acompañado de las reformas y mejoras que la misma comisión hubiere sugerido (arts. 9° y 10°).

Por aquella misma época don Andrés Bello iniciaba en la soledad de su gabinete, y sin ayuda oficial alguna, la redacción de un proyecto de código civil. Había tomado como punto inicial la materia relativa a la sucesión por causa de muerte por estimar "que era ésta la parte más defectuosa de nuestra legislación civil"

Partidario de una innovación amplia en el derecho vigente, estaba él capacitado, como ningún hombre de letras, para comprender con más acierto hasta qué extremos debía llegar la reforma; y es lo que precisamente resolvería más tarde la magnífica obra salida de su pluma. Tal como se comprenderá en su oportunidad, la moción del señor Manuel Camilo Vial no podía satisfacer íntimamente al ilustre sabio, en lo que a la finalidad de la codificación se refiere, por los términos restringidos en que quedó concebida. Pero, dotado como estaba de un amplio espíritu público, y comprendiendo que, en las circunstancias actuales, esa moción era la única que podría hacer avanzar la tan postergada empresa, prescindió por el momento de toda convicción personal y se empeñó con laudable celo desde las columnas de "El Araucano", del que era su director, para que ella fuera acogida.

Con fecha 29 de agosto de 1834, la Cámara aprobaba dicho proyecto con ligeras variaciones que no alteraban su estructura. Sin embargo, deberían transcurrir todavía seis largos años antes de que los Cuerpos Legislativos se pusieran definitivamente de acuerdo en la autorización y forma de codificar el derecho civil. La ley respectiva se dictó el 10 de septiembre de 1840 y su contenido difería sustancialmente del primitivo proyecto aprobado por el Senado y en no poco del que a su vez aceptara la Cámara.

Comisión mixta de legislación del congreso nacional.

En efecto, creaba la ley una Comisión mixta, llamada Comisión de Legislación del Congreso Nacional (art. 1°) y compuesta de dos Senadores y tres Diputados (art. 2°), con el encargo de "la codificación de las leyes civiles, reduciéndolas a un cuerpo ordenado y completo, descartando lo superfluo o lo que pugne con las instituciones republicanas del Estado, y dirimiendo los puntos controvertidos entre los intérpretes del derecho" (art. 12).

 En sus trabajos, la Comisión tomaría en cuenta los proyectos o indicaciones que le hicieren el Gobierno, los Tribunales y cualesquiera individuos (art. 13) y una vez finalizados aquéllos, se presentarían a las dos Cámaras por medio de sus respectivos miembros (art. 17) e iniciaría el Congreso su deliberación principiándose por el Senado (art. 18).

Vemos pues como la ley, en su art. 12, se situó en el punto de partida más razonable para la codificación del derecho civil a que quedó únicamente circunscrita. No se inclinaba de un modo absoluto por las legislaciones foráneas modernas, como en un comienzo lo quiso el Senado, pero tampoco las repudiaba y, al mismo tiempo, permitía perpetuar los principios del derecho español que fueren dignos de subsistir, que era lo exigido por la Cámara anteriormente. Y todo lo anterior se vería enriquecido con las soluciones de los más acreditados investigadores de la ciencia jurídica.

En la redacción del precepto comentado sin duda alguna intervino Bello, máxime si se considera que a la sazón investía la calidad de Senador de la República. En cuanto a los otros también aludidos, el que hablaba de que integrarían la Comisión dos miembros de esa Alta Cámara, y el que ordenaba tomar en cuenta los proyectos que presentaran "cualesquiera individuos", su modestia personal le impidió exigirlos, pero es evidente que, junto con otros fines superiores que pudieron aconsejar su establecimiento, estaban destinados a que el sabio autor tuviera una participación resolutiva en la redacción última del Código y tomar a la vez por base su propio proyecto, por aquel entonces ya terminado según se verá oportunamente.

La Comisión Mixta Legislativa, creada por Ley de 10 de septiembre de 1840, celebraba al día siguiente de su creación la primera reunión. Sus integrantes ya habían sido designados con anterioridad y ellos eran, por el Senado, don Andrés Bello y don Mariano Egaña, y por la Cámara de Diputados, don Manuel Montt, don Ramón Luis Irarrázaval y don Juan Manuel Cobo. Posteriormente, don Manuel José Cerda entró a reemplazar al señor Irarrázaval, que era nombrado Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, renunciando a la Comisión.

En esta primera sesión "se discutió sobre el orden que debería seguirse en sus trabajos, y se acordó que sin perjuicio de examinar los proyectos que sobre cualesquiera partes de la legislación civil presentasen los miembros, se fijase desde luego el orden de los libros y títulos" y, además, "el señor Irarrázaval se encargó de formar un índice ordenado de ellos".

Conforme a la determinación anterior, en la sesión siguiente, de 25 de septiembre, "se presentó por el Sr. Irarrázaval el índice del lib. 1° del Código; y se acordó que se sacasen y distribuyesen copias para tomarlo en consideración en la sesión próxima". Del mismo modo, "se presentó por el Sr. Bello el primer título de los pertenecientes a la materia de sucesiones, del que ya se habían distribuido copias; se discutieron algunos de sus artículos; y se acordó que continuase la discusión en la sesión próxima".

Tales son los testimonios legados a la posteridad dando cuenta de la sencilla forma en que el sabio benemérito empezaba a desprenderse de sus manuscritos y se iniciaban las memorables jornadas que darían vida a nuestro Código Civil.

Las reuniones de la Comisión Mixta se prolongaron, con relativa regularidad, hasta el 3 de septiembre de 1844, totalizando hasta esa fecha 119 sesiones. Bello faltó únicamente a una de ellas, no pudiendo decirse lo mismo de sus demás integrantes. Se levantaron actas de los acuerdos, según ya se vió, pero sin dejar constancia de los debates ocurridos en su seno en torno a las materias que sucesivamente se iban aprobando.

En ellas se anotaba escuetamente, la asistencia de los miembros, los progresos realizados en el estudio y, algunas veces, las decisiones adoptadas. En esta forma, las generaciones futuras quedaron privadas del valioso elemento interpretativo que lo echado de menos importa en una ley.

Por si lo anterior pudiera estimarse una queja, debernos también ser justos y no silenciar que únicamente gracias a la laboriosidad y el esfuerzo sin límite desplegados por todos los miembros de esta Comisión, se pudieron ir salvando poco a poco los innumerables escollos que la empresa ofreció desde un comienzo. Lo atestiguan documentos oficiales. De uno de estos leemos al pasar: 

"Algunos puntos han ofrecido dificultades graves para su resolución: un solo artículo ha dado a veces materia para muchas horas de discusión; y la Comisión no hubiera creído corresponder dignamente a la confianza, con que la han honrado las Cámaras, si hubiese pasado más ligeramente sobre cuestiones de legislación que exigían un examen circunspecto y prolijo".

Llamará la atención la circunstancia, ya adelantada, de que la Comisión diera prioridad en su estudio al análisis de las Sucesiones, siendo que las razones de una buena técnica jurídica no podían aconsejar que un código se abriera con este asunto. Al dar aquella más tarde a la publicidad sus trabajos, explicaría su actitud atribuyéndola a dos razones: una, porque "sobre esta materia se le presentaron materiales preparados de antemano por uno de sus miembros"; y la otra, "por haberse creído que era ésta la parte más defectuosa de nuestra legislación civil".

Ahondando en esta segunda consideración agregaba:

 "En la materia de sucesiones, más que en ninguna otra, salta a la vista la heterogeneidad de principios y reglas, debidos a la diversidad de intenciones y circunstancias que contribuyeron a formar nuestras leyes. En ellas es donde más resalta la oposición entre los elementos derivados del derecho civil y las que debieron el ser a las costumbres castellanas, recopiladas en los Fueros y Ordenamientos".

 Y, reforzando aún más su determinación, terminaba con las siguientes palabras: 

"Si el Código Civil debe examinarse y sancionarse todo entero por un solo acto legislativo, es indiferente que los trabajos preparatorios comiencen por una u otra de sus principales secciones. Y si éstas han de promulgarse sucesiva y separadamente, conviene dar principio a la obra por aquella parte del Código en que se hace sentir con más imperio la necesidad de reformas".

A poco más de seis meses de iniciar sus estudios, la Comisión Mixta Legislativa empezó a dar a la estampa, en "El Araucano", las partes ya aprobadas.

Sus publicaciones comenzaron en el N° 559, de 7 de mayo de 1841, y llegaron, con algunas interrupciones, hasta el N° 800, de 19 de diciembre de 1845. Al aparecer la última, ellas habían comprendido un "Título Preliminar", aplicable a toda la codificación venidera, el Libro "De la sucesión por causa de muerte" y el Libro "De los Contratos y Obligaciones Convencionales", que quedó incompleto en su aparición, pues lo último tratado fué el título relativo al contrato de prenda (Título XXXVI). Estos esfuerzos codificatorios serían llamados más adelante el Proyecto de 1841-1845.

La publicación de dichos trabajos fué adicionada con notas explicativas o del origen de algunos preceptos, puesta en el margen inferior del articulado. Estas notas pertenecían, indudablemente, a Bello, aunque en parte alguna se dijera. Sería aventurado pretender lo contrario en presencia de la declaración que, según veíamos, hiciera la Comisión, de que los materiales sucesorios examinados pertenecían a uno de sus miembros, que ya sabemos era don Andrés Bello; y nada hace suponer que en las Obligaciones y los Contratos no hubiera continuado él mismo esta labor.

La publicidad que la Comisión Legislativa daba a los trabajos obedecía al elevado propósito de estimular a los estudiosos a que colaboraran en la preparación del Código Civil con el aporte de sus luces. "Ni debe ser esta la obra de unos pocos individuos -decía- debe ser la obra de la Nación Chilena" .

Este llamado, sin embargo, solamente sería oído por un jurista argentino radicado en nuestro país, don Miguel María Güemes, y con quien Bello inició una célebre controversia que se prolongó por espacio de más de un año y de que también dieron cuenta las páginas de "El Araucano". Don José Bernardo Lira sostiene que de este luminoso debate salieron las ideas que condujeron a la redacción definitiva de los artículos 79, 964, 983, 1108 y varios otros del Código. Por su parte, don Miguel Luis Amunátegui Reyes afirma que "esta célebre polémica dió resultados relativamente insignificantes, muy pocos fueron los artículos del Proyecto que se reformaron a causa de ella".

Pero sea como fuere, es lo cierto que magistrados y comentaristas encontrarán en esas páginas muchos de los antecedentes legales o motivos históricos que condujeron al establecimiento de algunos artículos del Libro de las Sucesiones, motivo de la controversia y, en todo caso, el pensamiento del insigne Bello sobre la exacta inteligencia que debería darse a esos mismos preceptos.

Junta revisora.

Por ley de 29 de octubre de 1841 se creyó conveniente crear una junta Revisora compuesta también de dos Senadores y tres Diputados (art. 2°), con el objeto de examinar las partes del Código que la Comisión Legislativa iba presentando a las Cámaras, e indicar las enmiendas, adiciones o supresiones que le parecieren convenientes (art. 7°). Para integrarla, el Senado eligió a los señores don Santiago Echevers y don Manuel Vásquez Novoa y la Cámara a los señores don José Gabriel Palma, don Pedro Francisco Lira y don Manuel Camilo Vial.

De la labor realizada por la junta Revisora casi nada se conoce. Los pocos documentos que dan cuenta de ella sólo acusan las dificultades que sufriera para constituirse y funcionar. Todo hace suponer, pues, que su intervención fuera escasa e infecunda dentro de los trabajos del Código.

Para remediar este inconveniente y corregir, al mismo tiempo, los impedimentos surgidos de las interrupciones que también afectaban a la Comisión Legislativa, con fecha 17 de julio de 1845, se dictaba una ley refundiendo a ambas en una sola y autorizando a la nueva "Comisión reunida" para tomar acuerdos con sólo tres miembros (art. 2°) y en lo demás se regiría por la Ley de 10 de septiembre de 1840 (art. 3°).

Con anterioridad a esto, en 1843, la Comisión primitiva había encargado a dos de sus miembros "una reimpresión ordenada y correcta del Libro de la Sucesión por causa de muerte", pero ella no vino a ver la luz hasta noviembre de 1846 y fué hecha por la Imprenta Chilena, de Santiago, en una edición de 106 páginas.

 Su formato dejaba "márgenes para la comodidad de las anotaciones que quieran hacer en él los lectores inteligentes, cuyo examen e indicaciones forman uno de los principales objetos de esta publicación"

De la "Advertencia" que le precede aparece que ella se hizo de acuerdo con las enmiendas que le introdujo la nueva Comisión reunida. En la misma, se anticipaba también que "se dará a la prensa dentro de poco el Libro de las Obligaciones y Contratos, casi todo aprobado por la primera Comisión; y sucesivamente (aunque a intervalos más largos) los restantes".

Este Libro se publicó en agosto de 1847, en un cuaderno de 255 páginas, editado asimismo por la Imprenta Chilena. En su preámbulo se llamaba la atención, entre otros asuntos, a que "los títulos desde el 37 en adelante no han sido examinados por la Comisión de Legislación'"

Ambos Libros reformaban y mejoraban la redacción y el sistema de los anteriores en muchas de sus partes. En cambio, resulta sensible observar que no se conservaron en ellos, y debidamente adaptadas, las notas marginales que poseían los primitivos proyectos. Estos nuevos trabajos de codificación constituirían más tarde el llamado Proyecto de 1846-1847.

Pero detengámonos un instante en esas breves explicaciones que quedaron anotadas y que daban los preámbulos precitados, a fin de derivar de las mismas algunas conclusiones de interés. Consta de ellas que la nueva Comisión, o Comisión reunida como la llamara la ley que la creó, volvió a examinar los proyectos sobre Sucesiones y sobre Obligaciones y Contratos, revisados con anterioridad por la primitiva Comisión de Legislación y cuyos resultados se habían publicado en "El Araucano", según dijéramos oportunamente. Pero consta, además, que continuó examinando los originales de Bello referentes a los títulos 37 y siguientes del Libro de Obligaciones y Contratos, hasta darle término con el Título 42 final, y que la primitiva Comisión no había alcanzado a hacer, a juzgar por aquellas palabras de la Comisión reunida, referentes a este punto, sobre las cuales llamáramos la atención.

Observábamos también que esta segunda Comisión anticipaba que a intervalos más largos se publicarían los libros restantes. Se refería, indudablemente, a los libros relativos a Personas y Bienes.

Respecto de ellos, existen muy pocos antecedentes que permitan establecer cuales fueron sus progresos dentro de los primeras trabajos de las Comisiones. En efecto, revisadas detenidamente las actas que levantó la Comisión Legislativa, se encuentran solamente tres que aluden a materias propias del Libro de las Personas y no hay ninguna que cite al de los Bienes.

Las actas referidas son la de 25 de septiembre de 1840, que expresaba que el señor Irarrázaval había presentado el índice del Libro 1°; la de 23 de octubre siguiente, acreditando que el señor Bello presentó el titulo 1° del Libro 1° "De los chilenos y los extranjeros"; y la de 12 de febrero de 1841, diciendo que el señor Irarrázaval se encargó del título "Del goce y privación de los derechos civiles", el señor Bello del título "De las actas del estado civil", el señor Egaña del título "Del domicilio" y el señor Montt del título "De los ausentes"

Sin considerar que por la forma de expresarse la última de las actas citadas, pudiera estimarse a primera vista, que los miembros aludidos no sólo se encargarían de revisar los borradores de Bello, sino propiamente de redactar los puntos encomendados, lo que no es verosímil en atención a que documentos posteriores del mayor crédito reconocerían en forma expresa que era don Andrés Bello el autor de todo el proyecto de Código Civil, en dichas actas no se afirmaba que las materias referidas se hubieran "discutido" o "aprobado", como lo decían las otras que daban cuenta de los asuntos que se iban publicando en "El Araucano”.

Este diferente modo de actuar de la Comisión Legislativa nos permite afirmar que deliberadamente quiso ella prescindir del examen en conjunto de los Libros I y II presentados por don Andrés Bello, hasta no haber completado la aprobación de aquellos otros que más tarde constituirían los Libros III y IV del Código. Pero, al obrar así, no alcanzó a aprobar nada en torno a los libros precitados, pues en la última de las actas que hasta hoy se conserva, la de 3 de septiembre de 1844, se decía escasamente: "Concluyó la discusión del título "Del arrendamiento"(, materia ésta que, como se sabe, es propia de los Contratos; y no es dable presumir que en los diez meses siguientes y últimos de su existencia como tal -se fusionó con la junta Revisora el 17 de julio de 1845- se haya dedicado a esos mismos libros, dado que ni siquiera dió término al de las Obligaciones y Contratos.

Comisión reunida.

Nacida la nueva Comisión de la fusión anterior, fué entonces ella quien debió iniciar la aprobación de aquellos asuntos. De las sesiones que ésta celebró no existen actas, de modo que se hace aún más difícil precisar en el tiempo cuál fué el orden seguido y los avances que acusaba el estudio. Pero, en su ausencia, nos ayudan a orientarnos dos Memorias presentadas al Congreso por el Ministro de justicia dando cuenta de la labor anual de su Cartera. La primera, particularmente valiosa, es del año 1847, y dice al respecto: "La redacción del Código Civil se aproxima a su término, faltando solamente la de los títulos relativos a servidumbres y de la parte que trata del estado de las personas. En la segunda, que es de 1849, se expresa que la redacción del Código "se concluirá y alcanzará a presentarse sin duda al Congreso en el presente período legislativo"

Estos documentos prueban entonces que ya en 1849 estaba próximo a finalizarse el examen de estos libros presentados por Bello y pareciera además, en atención a las palabras que hemos subrayado, que se trabajaba simultáneamente en ambos o bien se habían reservado algunos de sus títulos, para examinarlos en último término.

Pero, desgraciadamente, los vaticinios de la segunda de esas Memorias no se cumplieron, pues las reuniones de la Comisión quedaban suspendidas por aquella misma época, en razón de diversos inconvenientes, sin haber terminado antes la obra. Y por una vez más don Andrés Bello "la continuó aislado y en silencio logrando presentarla concluída en 1852".

Apenas terminado totalmente el Proyecto, el Gobierno lo hizo imprimir. Esto se efectuó a principios del año siguiente en las prensas de la ya conocida nuestra "Imprenta Chilena, calle de San Carlos", de Santiago, y separadamente por libros. Tenemos en nuestras manos los cuatro volúmenes respectivos. Su formato dejaba, al igual que los dos proyectos editados anteriormente, espacios marginales suficientes para hacer en ellos las anotaciones que se desearan.

 El Libro I (De las Personas), al que precede un Título Preliminar tal como en el Código vigente, se imprimió en enero y consta de 200 páginas; el Libro II (De los Bienes y de su dominio, posesión, uso y goce) en febrero y tiene 328 páginas; y los Libros III (De la sucesión por causa de muerte y de las Donaciones entre vivos) y IV (De los Contratos y Obligaciones Convencionales) en el mes de marzo y tienen, respectivamente, 492 y 831 páginas.

Al Libro I precede una "Advertencia" en la que Bello, dirigiéndose ahora directamente a los miembros de la comisión que habría de examinar en seguida el proyecto, daba excusas por algunos defectos que contenía, a pesar del cuidado con que se había hecho su última revisión, "defectos inseparables -decía- de un largo trabajo solitario". Y agregaba textualmente: "He añadido a este primer libro algunas notas que apuntan a la ligera las fuentes de que se han tomado o los motivos en que se fundan los artículos que pueden llamar principalmente la atención. En algunos las notas parecerán superfluas; en otros se echarán menos. Siento decir que por falta de tiempo no me ha sido posible observar bajo este respecto un método uniforme en todos los artículos; pero me dedicaré gustoso a este trabajo, si pareciere útil".

Por lo que atañe a las notas, con esas modestas palabras el benemérito autor nos legaba, al igual que lo había hecho en el Proyecto de 1841-1845, aunque parcialmente, y en la misma medida haría más adelante, el documento más precioso que tiene el Código para conocer la historia fidedigna y la razón del establecimiento de muchas de sus disposiciones. Dichas notas aparecían puestas al final de este Libro I, respetándose la numeración de los artículos, y el mismo método se seguía en los libros restantes.

Tal era, pues, la forma externa presentada por este Proyecto conocido comúnmente como el de 1853. Digamos también, al pasar, que en él se daban por primera vez a la publicidad las materias contenidas en sus Libros I y II; en cuanto al Título Preliminar, que antecedía al Primero, su redacción era sustancialmente diferente y más completo de aquel otro publicado en "El Araucano" N° 559; y por lo que respecta a los Libros III y IV, nuevas enmiendas se les habían hecho a partir de las correspondientes ediciones de 1846 y 1847.

Comisión unipersonal de codificación.

Una ley dictada el 14 de septiembre de 1852, se preocupaba, una vez más, de la imperiosa necesidad de reformar sin dilación todos los códigos existentes. Para cumplir este objeto se facultaba al Presidente de la República para designar las personas que prepararían los proyectos respectivos (art. 1°), los que, una vez concluidos, revisaría una comisión especial (art. 2°) antes de ser sometidos a la aprobación del Congreso.

Proyecto de código de 1853.

Por lo que se refiere al Código Civil, acabamos de ver que por esos días don Andrés Bello le ponía término. A fin de dar cumplimiento entonces a la ley citada, un mes más tarde el Ejecutivo dictaba un decreto nombrando su Comisión Revisora , "compuesta del Presidente interino de la Suprema Corte de justicia, don Ramón Luis Irarrázaval; del Ministro del mismo Tribunal, don Manuel José Cerda; del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Alejo Valenzuela; de don Diego Arriarán, don Antonio García Reyes y don Manuel Antonio Tocornal, para que haga la revisión del proyecto de Código Civil presentado por don Andrés Bello e informe acerca de esta obra". Agregaba el mismo decreto que su autor formaría parte de la Comisión y que debería imprimirse dicho proyecto para su distribución entre los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, Jueces Letrados y Miembros de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, con el objeto de que informaran sobre él.

Esta Comisión Revisora, constituida en forma tan selecta y a cuya cabeza estaba el propio Presidente de la República, don Manuel Montt, iniciaba sus labores a mediados de 1853. Más tarde se incorporaban a ella dos brillantes juristas, don Gabriel Ocampo, que a la sazón trabajaba también en la preparación del Código de Comercio, y don José Miguel Barriga, Regente de la Corte de Apelaciones de Concepción y poco después Ministro de la Corte Suprema. Pero serían los recién nombrados, además de los señores Valenzuela, Tocornal y Bello, quienes en definitiva darían término al honroso encargo.

No se conocen actas de las sesiones que celebró la Comisión. Lo más probable es que no se las haya estimado necesarias. Don Paulino Alfonso, en su obra "Explicaciones de Código Civil", da por sentado este hecho pero, al mismo tiempo, expresa que tuvo la suerte de obtener las actas inéditas de algunas sesiones, llevadas por don Andrés Bello, las que reproduce al estudiar en su libro los arts. 1°, 2°, 3° y 5° del Código. Se sabe, en todo caso, que la Comisión celebró más de trescientas sesiones en los dos años y medio que funcionó.

Para formarse una idea de la participación que le cupo en el examen del Proyecto, valgan algunos conceptos que quedaron estampados en el Mensaje del Ejecutivo de 5 de diciembre de 1855, proponiendo un voto de gracias a la Comisión Revisora y premios al autor del Proyecto. Se decía en él:

 "El contingente de luces con que han contribuído (sus miembros) a la mejora y perfección del Código sólo puede estimarse comparando el texto primitivo con el presentado a las Cámaras: sin exageración, sin salvar los límites de la más escrupulosa exactitud, forzoso es reconocer que el original ha sido modificado en su mayor parte, ya en sus disposiciones de fondo, ya en su método".

Del Mensaje citado consta, asimismo, que don Andrés Bello propuso muchas de las innovaciones acordadas y "redactando las propias y ajenas", las introdujo "en los pasajes correspondientes a fin de conservar la sanidad y armonía".

Para cumplir esta tarea se valió el autor de los márgenes disponibles que contenía el texto impreso del Proyecto. En seguida, se repitieron estas modificaciones, por un copista seguramente, en cada uno de los ejemplares de los demás miembros de la Comisión.

En efecto, en el ejemplar que perteneció a uno de sus integrantes y que contiene innumerables disposiciones sustituidas y modificadas marginalmente con satisfactoria caligrafía, leemos la anotación que sigue puesta con la propia letra de su dueño: "Este proyecto corregido se repartió entre los miembros de la Comisión revisora, de la cual formé parte luego que me vine de Concepción. Agosto de 1855 (fdo.) José Mig. Barriga".

El Proyecto de 1853 fue sometido a dos revisiones. Así lo diría el Ministro de justicia en su Memoria al Congreso de 1855. Realizada la segunda, se volvió a imprimir el Proyecto por encargo del Gobierno, con las nuevas modificaciones, en "Santiago, imprenta Nacional, calle de Morandé núm. 36, noviembre de 1855", quedando listo para su envío al Parlamento.

Aprobación del código por congreso nacional.

Esto último ocurrió el 22 de noviembre de 1855, con un Mensaje Supremo que había sido redactado por el propio Bello y en el cual se pedía la adopción del Código, luego de destacarse latamente sus principales características e innovaciones sobre la legislación vigente.

Su discusión se inició en el Senado el 28 de ese mismo mes, siendo aprobado su texto sin variaciones el mismo día. Enviado a la Cámara de Diputados, ésta lo aprobó en general en su sesión del día siguiente 29, y en particular el 1° de diciembre. Sin embargo, subsistió entre ambos Cuerpos Legislativos, hasta el día 6, la discusión del punto de su ley aprobatoria relativo a donde deberían quedar depositados los ejemplares auténticos del Código, prevaleciendo la opinión del Senado.

Código promulgado de 1855.

Es promulgado el Código por Ley de 14 de diciembre de 1855, y en ella se dispone que comience a regir el 1° de enero de 1857. La misma ley ordena que dos ejemplares de una edición correcta y esmerada, que deberá hacerse inmediatamente, autorizados por el Presidente de la República y designados con el sello del Ministerio de justicia, se depositarán en las secretarías de ambas Cámaras y otros dos en el archivo del Ministerio de justicia, y éstos se tendrán por texto auténtico del Código Civil, debiendo conformarse a él las ediciones o publicaciones que se hicieren del expresado Código.

Don Andrés Bello fue nuevamente comisionado para preparar la edición correcta y esmerada dispuesta por la ley. Al cumplir su encargo, perfeccionó gramaticalmente numerosos artículos, pero también introdujo algunas enmiendas de fondo que alteraban la letra aprobada por el Congreso. Al obrar así, las más de las veces lo hizo para conservar la armonía en todo el contexto del Código, pero en otras no se alcanza a comprender si quiso ésto o bien, lisa y llanamente, cambiar el sentido de los preceptos aprobados

Finalizada esta tarea, se hizo la primera edición del Código Civil y se publicó en "Santiago de Chile, Imprenta Nacional, calle de Morandé, núm. 36, mayo 31 de 1856", en un volumen de 641 páginas.

En resumen.

Escudo de República

El Código Civil, a diferencia del Code francais, no fue una obra de cuatro meses, sino de aproximadamente veinte años de trabajo, con diferentes proyectos. En ellos, el legislador fue avanzando a través de diversas tentativas de normas: corrigiendo, cambiando e incluso dando marcha atrás en líneas intentadas, en donde cada una de ellas merece un estudio aparte en la seguidilla de proyectos:

Primer Proyecto.

El proyecto con que se inicia todo, es el conocido "Primer proyecto de Código Civil de Chile". Se trata de un proyecto incompleto de Código, el cual fue atribuido inicialmente al descubrírsele a Mariano Egaña.

Éste constituye un proyecto autónomo y diferente de los subsiguientes, y posiblemente constituyó el material sobre el cual trabajó la Comisión de Legislación del Congreso Nacional. El proyecto se habría comenzado a elaborar por A. Bello, a partir de una petición del Ministro del Interior Diego Portales, entre los años 1833 o 1834 a 1840. Ha quedado constancia que Bello presentó al Consejo de Estado parte de su trabajo, en materia de testamentos y sucesiones.

El carácter tentativo del texto se revela en la propia numeración de los artículos, títulos y los libros. Los artículos sólo están numerados bajo el ámbito de cada título en ciertas ocasiones y lo propio ocurre con la numeración de los títulos en relación de los libros. Los libros mismos carecen de numeración.

Proyecto de 1841-1845:

Con base en el Primer Proyecto, se comienza a trabajar en su estudio por la comisión bicameral del Congreso, creada por la ley del 10 de septiembre de 1840, para la "codificación de las leyes civiles", con el mandato de proceder "reduciéndolas a un cuerpo ordenado y completo, descartando lo superfluo y lo pugne con las instituciones republicanas del estado, y dirimiendo los puntos controvertidos entre los intérpretes del Derecho". La comisión estuvo compuesta por los senadores Andrés Bello y Mariano Egaña, y los diputados Manuel Montt, Ramón Irarrázabal y Juan Manuel Cobo, de cuya labor se dio como resultado el Proyecto de 1841-1845.

Proyecto de 1846-1847:

 Frente a los resultados de los comentarios y revisiones de la comisión, Bello realizó prácticamente de forma solitaria, una armonización e incorporación de dichas cuestiones al Proyecto presentado a la comisión. El producto resultante fueron dos cuadernillos de proyectos: en 1846 sobre sucesiones y en 1847 sobre contratos y obligaciones convencionales.

Proyecto de 1853:

Se presenta un proyecto relativamente consolidado y ordenado en correlación numérica sucesiva del articulado y los títulos. Este proyecto constituye una obra más bien personal de Bello.

Proyecto Inédito:

 El trabajo anterior se llevó a una comisión presidencial. La conocida como "comisión revisora" de juristas y magistrados, fue designada en 1853, siendo su Presidente el Primer Mandatario (Manuel Montt). En ella participaron Andrés Bello, Ramón Irarrázabal y Manuel José Cerda jueces de la Corte Suprema, Alejo Valenzuela juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Diego Arriarán, Antonio García Reyes y Manuel Antonio Tocornal miembros de la Facultad de leyes de la Universidad de Chile. Gabriel Ocampo y José Miguel Barriga juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, se incorporaron después. Desde el punto de vista del contenido de fondo, se trata de un proyecto consolidado.

Proyecto de 1855:

Este constituye el proyecto que se envía al Congreso, el cual fue aprobado en bloque por el legislativo.

Código Promulgado:

 En esta edición final el proyecto aprobado por el Congreso fue intervenido por A. Bello a fin de eliminar las erratas que contuviese según la autorización legislativa correspondiente. Sin embargo, A. Bello realizó incluso reformas sustantivas, más allá de las aprobadas por el Congreso

código Civil

Fuentes del código civil Chileno.

Tradicionalmente se ha creído que la principal fuente de inspiración del Código Civil chileno ha sido el Code Civil Napoleónico. Aunque esto es cierto en materia de obligaciones y contratos, no lo es en las demás áreas.

La fuente principal fueron Las Siete Partidas de Alfonso X (un texto de derecho común). Por ejemplo, en materia de bienes y posesión sigue el doble requisito, del derecho romano, de exigir un título y un modo de adquirir para obtener el dominio de las cosas. Lo mismo sucede en materia sucesoria, sin perjuicio de establecer innovaciones trascendentales en esta materia, como eliminar la distinción de sexo a la hora de suceder, el fin de los mayorazgos y las primogenituras, y la prohibición de constituir usufructos sucesivos sobre la propiedad raíz.

En materia de bienes raíces tuvo presente el antiguo sistema registral alemán vigente de época, con modificaciones para aplicarlo en el Chile post colonial del siglo XIX. En materia de personas, fue el primer código en regular las personas jurídicas de manera sistemática y junto a las personas físicas. De la misma manera reguló los aspectos matrimoniales basados en las normas del derecho canónico. En materia de interpretación de las leyes se basó en las normas del Código de Luisiana de 1822 estableciendo un sistema totalmente original.

Es en materia de contratos y obligaciones donde se puede observar claramente el influjo francés, pero ni aun así es una mera trascripción de ese código. Mientras el Código Napoleónico habla "De los contratos", el Código de Bello trata "De los actos y declaraciones de voluntad" (Título II del Libro IV), abarcando así ya toda la teoría del acto jurídico. En este último aspecto encuentran sus fuentes en el Corpus Iuris Civilis.

Asimismo, este Código es de clara inspiración neoclásica. Su articulado está construido de manera tal, que primero viene el axioma, y después viene la exposición de casos que, en estricto sentido, son más bien didácticos, antes que servir para ampliar casos.

Fuentes materiales.

Las fuentes materiales utilizadas por Andrés Bello para la redacción del Código fueron las siguientes:

1).-El Corpus Iuris Civilis.

2).-Las Siete Partidas, con las glosas de Gregorio López y, en menor medida, el Fuero Real, las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación;

3).-El código civil Napoleónico de 1804;

4).-El código civil de Baviera de 1756;

5).-Código civil de Austría de 1812;

6).-Código de leyes de Estados Prusiano;

7).-Código Civil de Luisiana de 1822;

8).-Código Civil de Piamonte-Cerdeña de 1838;

9).- Código Civil de las Dos Sicilias;

10) Código Civil de cantón de  Vaud;

11).-Proyecto de Código Civil de España de García Goyena de 1851;

12).-Las obras de los jurisconsultos Pothier, Domat y Savigny; y

13).-Los comentarios al Código de Napoleón de Delvincourt (Cours du Droit Civil, París, 1824), Rogron (Code civil expliqué, París, 1834), Duranton, Troplong y Marcadé.

14).-Dentro de las fuentes inciertas del Código se encuentra el jurista Británico William Blackstone, a través de los "Commentaries on the Laws of England", que estaban en la biblioteca de A. Bello.

Así, por ejemplo, no se descarta su influencia en parte de la construcción de la idea de causa en el inc. 2 del art. 1467, cuando señala que "the reason which moves the party contracting to enter into the contract"

15).-Aparte de ello se hace sentir, de manera mediata, la fuerza de Blackstone en las normas sobre interpretación de la ley, al ser recogidas por el Código de la Luisiana (arts. 14 al 18)

Derecho comercio.

En derecho indiano la legislación comercial estaba repartida en varias leyes comerciales, no existiendo un texto unificado comercial.

La principal norma comercial indiana es la Ordenanza comercial de la villa de Bilbao. En Chile se implanto cuando se fundo el tribunal del consulado.

El código de comercio de Chile fue inspirado en código de comercio de Francia de 1807 y el código francés de 1827 y  las ordenanzas de Bilbao. (Y en los comentarios doctrinales de estos textos jurídicos.)

El código de comercio fue promulgado por el  presidente José Joaquín Pérez. El código tiene titulo preliminar reglamenta disposiciones  generales.

1º libro es sobre los comerciantes y agentes de comercio.

2º libro contratos y obligaciones mercantiles.

3º libro sobre comercio marítimo.

4º libro sobre la quiebra.

Titulo final observancia de código.

En año 1878 se promulgo ley de navegación que duro un siglo. Derogándose 1978.

Derecho minero.

Derecho romano no tenia legislación especializada minera, aunque existieron ciertos principios.

Fuero de Nigena (Ordenamiento Alcalá) de base de ley 1 titulo 18 libra 9 de la Novísima Recopilación.

Leyes de Partidas tampoco preocuparon legislación de las minas. (Partido 2 y 3) establece que las minas pertenecen a la corona.

La ley 11 del titulo 28 declara dentro derecho del soberano sobre  las rentas sobre las minas de hierro y otros metales.

La novísima recopilación (Monarca) le concede a todos los vecinos y moradores del reino la facultad de catar libremente en terrenos propios  y ajenos con permiso de su dueño y la obligación darle a la corona un tercio de utilidades de las minas.

El verdadero padre de la legislación minera fue rey don Felipe II.

Numerosos son las disposiciones que regulan las minas, una de las mas importantes fueron las ordenanzas nueva España, que expandieron a demás posesiones coloniales de América. Esta fue implantada en Chile.

Después de la independencia los gobiernos chilenos, tuvieron la necesidad contar con legislación minera. En la década de los 40 el presidente nombro una comisión para redactar un proyecto de código de minería que no fue elaborado.

Se nombro otra comisión no pudo terminar el trabajo, un miembro e ella, don José Maria Cabezón,  preparo el proyecto y se presento al gobierno, el proyecto de código de minería. El proyecto fue enviado en Congreso que voto y fue promulgado el año 1874.

El código duro asta  el año 1884 en que el jefe de estado propuso nuevas reformas legislativa al código de minería que le había propuesto sociedad nacional de minería. (SNM)

Varios proyectos hasta que el congreso aprobó un nuevo Código de Minería de 1888 y que prácticamente es modelo código rige hasta ahora.

 El proyecto de código fue elaborado por secretario de SNM diputado don Francisco Gandarilla. El código establece patentes mineras que debe pagar los particulares. Este código hasta el año 1930.

El código de minería de 1930 duro hasta 1932.

El código de  1932 se inspiro en las ordenanzas de nueva España.

Todos lo códigos de minerías de Chile se basan del derecho indiano y Español se basaron en la ordenanzas de nueva España. Tenia 16 títulos, y formo parte derecho nacional.

Derecho laboral.

Las normas protectoras del trabajo contenido en la legislación sobre los indígenas quedaron derogadas por leyes de O” Higgins, le concedió a los indígenas la plena capacidad jurídica.

En siglo XIX no existieron disposiciones especiales que regulaban el trabajo de los obreros. Estas clases de trabajadores lo encontramos regulado en los contratos de arrendamientos de servicios del código civil.

Si estaba regulado por la ley determinados clases de trabajadores: Se regulaba el trabajo de los criados en el código civil; El código de minería regulaba el trabajo de los mineros y el código de comercio los empleados del comercio. La Gente de Mar estaba  regulada por la ley de navegación.

La falta de regular el trabajo de los obreros y empleados se sintió a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, por los movimientos huelguísticos y sindicales que aparecieron en las zonas salitreras.

La primera ley regulaba el trabajo fue promulgada en el año 1906, por el presidente Germán Riesgo, a ley de habitación obrera, en el año 1907, promulgo ley de descanso dominical, p bien descanso un día a la semana.

En el año 1915 se promulgo la ley de silla para establecimiento de comercio, durante gobierno Barros Luco.

En el año 1916 se promulgo ley de accidente del trabajo y  ley de salas cunasen los establecimientos comerciales.

En el año 1919 el proyecto de código del trabajo preparado por los conservadores y redactor fue don Juan Enrique Concha. En el año 1921 el proyecto fue enviado por presidente Arturo Alessandri al Congreso Nacional.

En año 1924 se creo la secretaria de estado de higiene, asistencia, previsión social y trabajo. Este ministerio presento un proyecto de código del trabajo que no fue promulgado por legislatura a consecuencia del golpe de estado militar del año 25. El congreso presionado por los militares despacharon los títulos del código de forma rápida a través de leyes 4053 a 4059, que se refiere a: Ley de contrato del trabajo, ley de seguro obrero, ley de accidente del trabajo, ley de tribunales de arbitraje y conciliación, ley de sindicatos, ley de cooperativas, ley de previsión social de empleados.

En el año 1955 se promulgaron varios decretos leyes, sobre de alquileres, de fomento a la edificación de casas baratas, de protección de maternidad obrera, y se ratificación 8 convenciones de la OIT.

En el año 1927 a través del Decreto ley Nº 2100 se crearon los juzgados del trabajo.

En año 1931 leyes laborales fueron codificadas en primer código del trabajo, a través de DFL. El articulado del código estaba estructurado en siguiente forma:

Primer libro contrato de trabajo.

Segundo libro protección obreros y empleados.

Tercer libro asociaciones sindicales

Cuarto libro Tribunales del trabajo y Dirección del trabajo.

Secularización del derecho civil.

Desde el concilio de Trento hasta la codificación civil toda la materia matrimonial en casi todos los países católicos estaba sometida a la jurisdicción exclusiva de Iglesia, con prohibición estricta de las autoridades civiles intervenir en estas materias. La pena era excomunión.

La mayor parte de leyes civiles silenciaron las materias y no tuvieron ninguna intervención en mayoría de los países católicos.

Muestro país bajo el gobierno de don Manuel Bulnes se dicto “ley destinada para reglamentar el matrimonio no católico 1844”. Los sacerdotes intervenían en estos matrimonios, pero en calidad de oficiales civiles  y dos testigos, sin observar las formalidades rituales del matrimonio religioso.

El matrimonio acto constituirse, debía ser aceptado en reciente registro de matrimonios, en cuando las proclamas del matrimonio, impedimentos, etc., se debía observarse la ley Chilena.

En el año 1844 del motivo del estudio disposiciones sobre matrimonio civil se introdujo en el matrimonio civil el concepto de “contrato.”

Los impedimentos  se remitían a las normas canónicas.

CC., empezó a regir el año 1857, y le entrego por completo a la iglesia, los impedimentos e informaciones.

El matrimonio de los disidentes quedo sometido a las mismas disposiciones de ley 1844, el eclesiástico intervenía en matrimonio civil.

En año 1884 se promulgo la ley registro civil por está ley funcionario del estado encargado de llevar el registro de nacimientos, el matrimonio, defunciones, con completa independencia del registro parroquiales. El estado empieza a regular la “constitución y protección de la familia.”

En el año 1883 se promulgo ley de cementerios laicos.

FIN DE APUNTES DE DERECHO HISTÓRICO